«El espíritu de este proyecto está orientado a quitarle presión a los inquilinos”, expresó el senador sobre la iniciativa, que busca que no paguen gastos de gestoría y limitar el porcentaje de honorarios.
Un proyecto de ley de alquileres para impedir que los inquilinos paguen gastos de gestoría y limitar el porcentaje de honorarios en el primer año de contrato fue presentado hoy en la Legislatura bonaerense con el objetivo de evitar situaciones de vulnerabilidad y desigualdad contractual para el locatario.
«El espíritu de este proyecto está orientado a quitarle presión a los inquilinos en cuanto a gastos que verdaderamente no corresponden que lo asuman los inquilinos”, explicó el autor de la iniciativa el senador del Frente de Todos, Fernando Durañona, durante la presentación del proyecto.
El legislador explicó que “hay modelos contractuales que generaran el famoso ´tómalo o déjalo´, esos contratos de adhesión en los que no hay posibilidad alguna que quienes quieren alquilar puedan discutir ni una coma del contrato y se encuentran en una situación de enorme vulnerabilidad”.
Durañona explicó que “Argentina es el país con mayor concentración poblacional en núcleos urbanos”.
«De los 2.300 municipios que tiene la Argentina el 98 por ciento tiene menos de 100 mil habitantes y solo el 2 por ciento tiene más de 100 mil habitantes, y municipios con más de 500 mil habitantes se reduce a 1 por ciento de la totalidad”, precisó el senador.
Y aseguró que esta iniciativa”“tiene que ver con desarraigo, la falta de oportunidades educativas, sanitarias, de saneamiento, condiciones de hábitat y uno de los aspectos centrales entre conectividad y transporte es el acceso justo al hábitat”.
«Hemos recuperado una agenda tremenda para los intereses de las familias del interior, que es volver a la construcción de viviendas a través de créditos hipotecarios a tasa cero y desarrollos de emprendimientos inmobiliarios donde el Estado cumple un rol determinante”, afirmó.
Sin embargo, sostuvo que “hay un 20 por ciento de familias, y en la provincia de Buenos Aires están fuertemente concentrados, que depende de las políticas y derechos que el Estado pueda garantizar para lograr un alquiler donde los abusos sean dejados de lado a partir de presencia fuerte del Estado y eso busca este proyecto de ley”.
Buena recepción
Por su parte, Adriana Malek, de la Unión de Consumidores de Argentina, destacó que la iniciativa “pone énfasis en la transparencia de las operaciones y el deber de información por parte de quienes tienen a cargo las operaciones inmobiliarias”.
«Se hace indispensable visibilizar los gastos que conlleva para el locatario un contrato de alquiler y mediante este derecho a la información estaríamos neutralizando esta asimetría, evitando situaciones desfavorables para el inquilino”, destacó.
Además, dijo estar “de acuerdo con el tope de comisiones y que se determine qué (gastos) no están a cargo del locatario”.
«Se ha puesto un límite al porcentaje de honorarios y que se aplique sobre el monto total en el primer año de locación, y se incorpora la eximición de gastos en la etapa previa de la operación, lo que aliviaría en gran parte el monto que debe pagar el inquilino para ingresar a locación”, puntualizó Malek.
