El Senado convirtió en ley el nuevo régimen de discapacidad y garantizó la continuidad de las prestaciones

La iniciativa aprobada mantiene los beneficios de la ley de emergencia en discapacidad, que había sido rechazada por el Gobierno en el 2025

El Senado aprobó por unanimidad el proyecto de discapacidad, que mantiene prácticamente todo el esquema de beneficios de la ley de emergencia que vence en diciembre, pero elimina su carácter transitorio y lo convierte en un régimen permanente. La iniciativa fue respaldada por los 71 legisladores presentes.

A un año de haber rechazado la emergencia en discapacidad, el oficialismo acompañó ahora una norma que preserva sus principales prestaciones, en medio de los reclamos de organizaciones del sector y tras el respaldo del papa León XIV a sus demandas.

La sesión incluyó además el tratamiento de otros proyectos, entre ellos la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes, modificaciones vinculadas a la Ley de Tierras y la Ley Joaquín. También se aprobaron mociones de preferencia para la última sesión del 26 de noviembre, entre ellas una prórroga del Estatuto del Periodista.

Previamente, el Senado aprobó por 59 votos afirmativos, tres negativos y una abstención el ascenso del general de brigada Sebastián Ignacio Ibáñez, jefe de la Casa Militar, al grado inmediato superior, con vigencia desde el 31 de diciembre de 2025.

Un acuerdo político y el reclamo de las organizaciones

El libertario Agustín Monteverde, titular de la comisión de Presupuesto y Hacienda, defendió la decisión de avanzar con un régimen permanente en lugar de prorrogar la emergencia. Sostuvo que la continuidad de las prestaciones, pensiones y coberturas requiere reglas estables y previsibilidad, además de garantizar su compatibilidad con el empleo.

Desde el peronismo, Alicia Kirchner consideró que la sanción representa un punto de partida, pero advirtió que no repara los derechos vulnerados. Lucía Corpacci, en tanto, atribuyó la aprobación a la movilización de las organizaciones de discapacidad y alertó que, sin cambios presupuestarios, la ley podría perder efectividad.

Alejandra Vigo, de Provincias Unidas, reclamó optimizar recursos y acompañar a las provincias para garantizar los servicios a las familias. Martín Goerling Lara, del PRO, sostuvo que la dignidad de las personas con discapacidad no puede depender de una emergencia que vence a fin de año, mientras que Maximiliano Abad, de la UCR, pidió avanzar hacia políticas sostenidas y recordó las demoras en pagos, los aranceles congelados y la crisis de las instituciones prestadoras.

Patricia Bullrich, presidenta del bloque de La Libertad Avanza, definió la ley como un acuerdo social y político. Reconoció las dificultades de los últimos dos años, las falencias en las auditorías y la incertidumbre generada por las sucesivas prórrogas, y destacó que la nueva norma establece un esquema de financiamiento y mayor previsibilidad.

Qué cambia con la nueva ley

El proyecto, denominado Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, replica prácticamente los beneficios de la Ley 27.793, pero elimina su carácter de emergencia y los convierte en disposiciones permanentes.

Entre sus principales medidas:

Pensiones y empleo: mantiene la pensión no contributiva por discapacidad equivalente al 70% de la jubilación mínima, compatible con el empleo formal o el monotributo, siempre que los ingresos no superen dos salarios mínimos.

Prestaciones y aranceles: conserva el nomenclador único y establece actualizaciones periódicas de los aranceles vinculadas a la movilidad jubilatoria.

Cobertura médica: garantiza la protección básica de Incluir Salud para los beneficiarios de las pensiones.

Presupuesto: establece que los fondos destinados al área de Salud no podrán ser inferiores, en términos reales, a los del ejercicio anterior.

Auditorías: crea controles periódicos con cruces de información entre ANSES, ARCA, SINTyS y RENAPER, bajo garantías de debido proceso.

Deudas con prestadores: incorpora un cronograma para cancelar compensaciones adeudadas y fija un plazo de 30 días para que el Poder Ejecutivo reglamente la ley.