El Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires aplicó sanciones económicas a los 11 integrantes del cuerpo, que asegura que fue “un error administrativo”.
El Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires aplicó sanciones económicas a los 11 integrantes del Consejo Escolar de Avellaneda por considerar que hubo irregularidades en la contratación de colectivos escolares en 2024.
La medida salpica al oficialismo que encabeza Jorge Ferraresi, con la secretaria de Educación del municipio, Claudia Colaso, a la cabeza, pero también a dirigentes del PRO, la UCR y La Libertad Avanza.
Además de Colaso, los dirigentes involucrados son Pablo Espósito (vicepresidente), Carolina González (tesorera), Darío Gómez (secretario), junto a los vocales Jimena Olaciregui, Rubén Navarro, Gabriela Pérez, Mariana Pineda, Daniel Sánchez, Mauro Nipoti y el secretario técnico Federico Castelli.
Las multas suman un total de 3.300.000 millones de pesos en concepto de contrataciones directas renovadas a dedo y micros que salían a la calle sin la habilitación al día.
De acuerdo a la auditoría, el Consejo Escolar diagramó un sistema de prórrogas apócrifas y continuas para contratar el transporte de alumnos sin llamar a licitación como consigna la ley. A eso se suma que los proveedores no estaban inscriptos en el Registro de Proveedores de la Provincia y hubo una transportista con la habilitación vencida a fines de 2023.
Las autoridades locales atribuyeron la situación a un contrato en situación de “emergencia” para el arranque de clases y aludieron a “errores administrativos involuntarios”, aunque la Justicia ya emitió su fallo.