Es así el primer municipio que logra proteger a la comunidad frente a los cortes de servicios en los servicios de luz, gas y agua.
El intendente Fernando Espinoza le ganó la batalla judicial al presidente Javier Milei y convirtió a La Matanza en el primer municipio que logra proteger a su comunidad del tarifazo ante eventuales cortes de luz, gas y agua.
Así surge de la decisión Del Juzgado en lo Contencioso y Administrativo Nº 1, a cargo del juez Federico José Gallo Quintian, que ordenó a las empresas prestatarias cumplir, en todo el territorio de La Matanza, una medida cautelar que impide efectuar cortes de servicio por falta de pago hasta tanto se resuelva fijar tarifas accesibles, considerada la cuestión de fondo.
De acuerdo con investigaciones del Conicet y de la UBA, esas tarifas aumentaron este año, en promedio, un 370%, es decir, cuatro veces más que la inflación.
El amparo presentado por Espinoza, junto con entidades de defensa del consumidor y fuerzas vivas del distrito, obtuvo el respaldo de la Justicia, que lo transformó en una medida cautelar, logrando proteger a las familias, parroquias, templos evangélicos, comercios, clubes de barrio, empresas, jubilados, trabajadores y profesionales de La Matanza.
Vale destacar que los sucesivos y tremendos tarifazos dispuestos a lo largo del año por las empresas energéticas y de agua, con el apoyo del gobierno nacional, hicieron que la mayoría de los usuarios cayera en situación de Pobreza Energética, es decir que las tarifas insumen más del 10% del ingreso, con facturas que han aumentado hasta el 1.000%.
Espinoza se hizo eco así del reclamo de la comunidad, que a partir de los anuncios de aumentos y de que comenzaron a llegar las facturas, fue expresado en las multitudinarias asambleas realizadas por la Multisectorial de La Matanza, donde curas, pastores evangélicos, docentes, empresarios, trabajadores, comerciantes, entidades de defensa del consumidor y profesionales, junto con el municipio, coordinaron la presentación judicial para oponerse a estas políticas violentas que empobrecen a la mayoría de la población y atentan directamente sobre el aparato productivo y el nivel de actividad.
Ahora, con esta decisión de la Justicia, las empresas prestatarias no podrán cortar el suministro bajo ninguna circunstancia, incluida la imposibilidad de pago por los montos exorbitantes que están llegando con las facturas.
El reclamo de La Matanza avanza sobre la cuestión de fondo, que es establecer tarifas acordes con las posibilidades de pago de los usuarios, muy afectadas por las políticas de recesión y de pérdida de ingresos de la enorme mayoría de la población, lo que se vio reflejado en un aumento de más de 11 puntos en los índices de pobreza en sólo los primeros seis meses de la presidencia de Milei.
