La votación quedó empatada y tuvo que intervenir la vicepresidenta de la Nación y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel. El gobierno debió ceder en muchos aspectos.
El Senado aprobó anoche la Ley de Bases en general con 37 votos positivos contra 36 negativos, gracias al desempate de la vicepresidenta de la Nación y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, en medio de un clima de tensión dentro del recinto y de represión en las inmediaciones.
La composición del voto de rechazo contra la ley Bases fue formada por el bloque Unidad Ciudadana, que conduce Juliana Di Tullio (Buenos Aires), y el Frente Nacional y Popular, que lidera José Mayans (Formosa).
Ambos conforman un interbloque de 33 senadores a los que se le plegó el bloque santacruceño, que integran José María Carambia y Natalia Gadano, y el radical Martín Lousteau (CABA).
En la vereda de enfrente, LLA logró aglomerar y sellar 36 voluntades, con 12 votos del radicalismo para la general; seis del PRO; tres de Cambio Federal; uno de Comunidad Neuquén, con Lucila Crexell; dos del Frente Renovador de la Concordia; uno de Juntos Somos Río Negro; uno de Por la Justicia Social; tres de Unidad Federal; y los 7 libertarios.
El gobierno tuvo que ceder
Entre las modificaciones que debió aceptar LLA aparece la salida de la privatización de las compañías estatales como Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y Radio y Televisión Argentina (RTA), así como la prohibición de la disolución de los organismos de cultura en el artículo 3.
Luego se profundizó en más retoques en el cuestionado Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) referidos a la liquidación de divisas e incluso debió ceder en el plano previsional, con la eliminación del capítulo alusivo.
De esta manera, se mantendrá la moratoria que permitía hacer un plan de pagos para comprar aportes para llegar hasta los 30 años, y se elimina el mecanismo para jubilarse cobrando una prestación proporcional menor al haber mínimo.
El gobierno también accedió a incluir un artículo para que se terminen las obras públicas que estuvieran ejecutadas en un 80 por ciento o que cuenten con financiamiento internacional para su concreción, en un claro guiño a Lousteau, dado que fue un expreso pedido del correligionario.
