La Secretaría de Educación, dependiente del Ministerio de Capital Humano, comenzó el trámite el 7 de febrero, pero no cumplió por “falta de tiempo”.
Si bien la Secretaría de Educación había autorizado en febrero la compra de más de 4 millones y medio de manuales escolares que iban a ser entregados a escuelas públicas de todo el país, los alumnos de los niveles primarios y secundarios se quedaron sin su material de estudio “por falta de tiempo”.
El organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano comenzó el trámite el 7 de febrero, por medio de cuatro expedientes distintos, en una contratación directa. Cuatro editoriales reconocidas iban a imprimir y entregar los ejemplares, algo que finalmente no ocurrió.
Distritos como la Ciudad de Buenos Aires y La Matanza tuvieron que disponer de sus propios manuales. Esto se da en medio de las declaraciones del secretario Carlos Torrendell, quien aseguró que “no se iba a hacer un recorte presupuestario en Educación” a nivel nacional.
Según informó TN, en la primera compulsa, que fue publicada en el sitio de compras del Estado, el gobierno que encabeza Javier Milei había solicitado más de 600 mil ejemplares de “Prácticas del lenguaje”, con exclusividad a la firma Editorial del Árbol, de la proveedora Grace María del Pilar Moncayo Ortega, por un total de $3.282.604.850.
Algo similar ocurrió con el grupo Arte Gráfico Editorial Argentino S.A., a quien le solicitó la impresión de 235 mil libros de Lengua para secundaria, 210 mil ejemplares de Matemáticas, edición de “Yo Matías” para todos los niveles, y 370 mil para primaria. Además, pidió 344 mil libros de “Prácticas del lenguaje”, por un presupuesto total de $9.612.452.855.
Finalmente, Educación requirió la impresión de otros 813 mil ejemplares de Matemática a la Editorial Maipue, cuya propietaria es la proveedora Teresa Brass Eggers, por los que iban a pagar 1.207.998.935 de pesos.
Las ofertas debían ser evaluadas por la Subsecretaría de Política e Innovación Educativa, que realizó la revisión de los pliegos presentados por los proveedores del Estado. Pendientes de adjudicación y, una vez aprobada la documentación, tenían 60 días de corrido para entregar los materiales.
Bajo el argumento de “falta de tiempo”, el gobierno consideró que era tarde para la entrega, dio marcha atrás y no compró los libros.
