La diputada bonaerense Natalia Sánchez Jáuregui destacó que se busca “ampliar y garantizar derechos, restituir y reparar a las víctimas”, por lo que considero que su iniciativa “es un gran acto de justicia social”.
La diputada bonaerense Natalia Sánchez Jáuregui y el director operativo del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata, Gustavo Vera, presentaron un proyecto de ley que busca crear un cupo laboral para víctimas de trata con fines de explotación sexual y laboral.
“Continuamos trabajando para saldar una gran deuda con aquellas personas a las cuales sus derechos fueron vulnerados”, señaló en su perfil de la red social X Sánchez Jáuregui, autora del proyecto, quien agregó que se busca “ampliar y garantizar derechos, restituir y reparar a las víctimas, es un gran acto de justicia social”.
Durante un acto desarrollado en el Salón Auditorio del Anexo de la Cámara de Diputados bonaerense, la diputada del Partido Fe, junto a Vera y al secretario general del sindicato Uatre, José Voytenco, explicaron los alcances de la iniciativa.
El proyecto dispone un cupo laboral para víctimas de trata, así como instancias de capacitación, campañas de difusión masiva y un registro de empleos disponibles.
La diputada explicó que “dentro de sus puntos importantes, crea el Programa de Inclusión Laboral de las Personas Víctimas de Delitos de Trata y Explotación de Personas en todas sus formas y estará destinado a todas las personas que residen en forma permanente en el territorio de la provincia de Buenos Aires”.
Según se indica, en su articulado, el proyecto dispone que “cuando sea el Estado Provincial quien contrate a las personas contempladas en el artículo 1º, el organismo provincial que los emplee, contará con un cupo de hasta el uno por ciento (1%) del total del personal, para ser cubierto, en cualquiera de las modalidades que asume la relación de empleo público”.
Se destacó que la falta de antecedentes laborales y educativos de las personas beneficiarias “no será un impedimento para acceder a los derechos que reconoce la presente Ley”, ya que el Ejecutivo Provincial, por intermedio del organismo de competencia en la materia y sus órganos dependientes deberán garantizar la capacitación laboral obligatoria y remunerada de las personas aspirantes a cualquier puesto laboral requerido por los mismos.
Además, se deberá garantizar campañas de difusión masivas del plan de inserción laboral, tanto en medios radiales, televisivos, y redes sociales, como en la vía pública, “convocando para las mismas a las organizaciones que luchan por este derecho y a la comunidad educativa”.
Se plantea además la creación de un registro de trabajo disponible, tanto en el ámbito público como privado, el resguardo de la intimidad y confidencialidad de la información.
Además de Buenos Aires, las provincias de Jujuy, Santa Cruz, Río Negro, Neuquén y Tucumán presentaron iniciativas similares, como parte de una política pública de restitución de derechos impulsada por el Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata en todo el país; distritos que, de avanzar con esta legislación, se sumarían a Catamarca, Chaco y Salta que promulgaron leyes similares.
