Expertos en economía social regional analizaron el efecto que tendría la eliminación de los aportes estatales a la energía y a colectivos y trenes que anunció el candidato de La Libertad Avanza y concluyeron que “es imposible que la población pueda resistirlo”
Una comisión de economistas pertenecientes a diferentes organismos internacionales que analizan el costo de vida en toda la región (Comisión de Análisis Económicos de América Latina) proyectó el impacto real que significaría sobre las tarifas públicas de la Argentina el anunció del libertario Javier Milei de anular los subsidios del Estado.
Entre los puntos más destacados del informe señalaron que “la tarifa domiciliaria promedio de electricidad se multiplicaría por diez y lo mismo pasaría con la provisión de gas, con mayor incremento aún en el gas envasado”.
En ese sentido, se apoyaron en la experiencia del gobierno de Mauricio Macri, que generó el denominado “tarifazo” que puso en cesación de pagos a las familias exponiéndolas al corte del suministro, afectó a la industria y a los comercios y provocó una oleada de protestas en todos los sectores económicos de la población.
Comparación
“Hemos tomados de la ejecución del Presupuesto de la República Argentina los importes transferidos desde el gobierno a las empresas de energía en concepto de subsidios para las tarifas domiciliarias y comerciales y luego hemos repartido esa cifra entre los hogares consumidores. En ese análisis surge, en principio, que al menos deben multiplicarse por diez. Es decir, que quien hoy paga 15 mil pesos mensuales por cada uno de esos servicios, debería pagar 150 mil pesos de luz y otro tanto de gas”, concluyó el informe.
“Del mismo modo -continúa el documento-, proyectamos el subsidio a las empresas de transporte colectivo y de trenes y lo dividimos por el promedio de usuarios. De ese ejercicio queda como conclusión que el tramo mínimo de colectivo subiría a 500 pesos y el de tren superaría los 220 pesos”.
El informe sostiene que la evolución de ingresos de la población no resistiría un impacto de esta naturaleza y que, como ha pasado en otros países que han tenido fuertes ajustes en las tarifas de los servicios públicos, “es imposible que la población pueda resistirlo”.
