El organismo decidió levantar las medidas cautelares dictadas tras una acusación originada en un noticiero, que decía que las mujeres se ocultaban sin atención médica por miedo a que las separen de sus hijos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) difundió una resolución en la que consideró falsa la acusación mediática acerca de que existían mujeres embarazadas que se encontraban escondidas en el monte formoseño sin atención médica.
La infundada denuncia fue realizada por TN y Telenoche, pero desde la CIDH tomaron la decisión de levantar las medidas cautelares dictadas, al constatar que no se pudieron comprobar esos hechos en la localidad de El Potrillo, en Formosa.
El informe sostenía que cinco mujeres wichís se ocultaban allí sin atención médica, por miedo a que las alejen de sus hijos y las lleven a centros de alojamiento preventivo.
“En su resolución, la CIDH reconoce que el marco fáctico que había valorado para dictar las medidas cautelares no se verificó durante el trámite internacional”, se consignó en un comunicado difundido por la Secretaría de Derechos Humanos.
En el escrito, abundaron: “En otras palabras, que la gravísima denuncia formulada por el dirigente indígena Félix Díaz y Santiago Cantón, no logró demostrar situaciones concretas de mujeres embarazadas que no contaran con la atención médica adecuada, que estuvieran escondidas en el monte por miedo, amenazas u hostigamiento en su contra, o mucho menos que existieran casos de bebés separados de sus madres al nacer”.
La Comisión también cuestionó “la falta de colaboración de los peticionarios en brindar información precisa que permitiera identificar a las mujeres a las que supuestamente se buscaba proteger”.
Y valoró de modo positivo “el esfuerzo desplegado por el Estado para verificar si había alguna persona que no estuviera recibiendo la atención médica correspondiente”.
Documentación
En su fallo, La CIDH apuntó que “el Estado (argentino) ha proporcionado soporte documentario que hace referencia a las atenciones en salud que las beneficiarias habrían estado recibiendo durante su estado de embarazo, según corresponde”.
Y observó que los denunciantes no brindaron “soporte documentario alguno que permita indicar que, incluso después de su embarazo, las personas beneficiarias se encuentren en una situación de riesgo”.
En ese sentido, la resolución sostuvo que “no se ha proporcionado información que indique, por ejemplo, que el Estado les venga negando atención en salud o la atención en salud que recibirían actualmente no sería idónea o efectiva según lo que prescriban los médicos competentes».
“Si bien la representación (los denunciantes) ha continuado afirmando que existen ‘temor’, ‘amenazas’, ‘persecución’, entre otros, la Comisión no advierte información concreta respecto de cada una de las siete mujeres beneficiarias que indique, por ejemplo, una amenaza concreta o sostenida en contra de ellas, o inacción del Estado de brindarles atención médica, o que la atención médica haya sido negada atendiendo su situación actual”, se indicó en el texto de la CIDH.
Y se remarcó que “la información disponible tampoco indica que el Estado se haya negado a brindarles algún tipo de protección en caso de que tales situaciones eventualmente se presenten”.
«Por el contrario, — se insiste desde el organismo interamericano– la información disponible indica que las mujeres embarazadas dieron a luz y no se cuenta con elementos que indiquen que hubo hostilidad o agresiones durante el proceso de parto o situaciones similares como las que la representación informaba de manera previa al otorgamiento de las medidas cautelares»
Denuncia
La denuncia internacional había comenzado el 12 de marzo de 2021, con una solicitud de medidas cautelares firmada por el dirigente indígena Félix Díaz y el ex secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires durante la gestión de María Eugenia Vidal y ex secretario ejecutivo de la CIDH, Santiago Cantón, en favor de unas 86 mujeres indígenas del oeste de Formosa, que “experimentaban temor fundado de distintas vejaciones”.
No obstante, en su resolución del 16 de abril, la CIDH ya había descartado la existencia de “un patrón de cesáreas forzosas, separación de madres de sus hijos y otras alegaciones del mismo tenor, desacreditando así las denuncias relacionadas con violaciones de derechos humanos generalizadas en Formosa”.
La entidad concedió la medida de protección respecto a siete mujeres, “sin siquiera permitir al Estado brindar ningún descargo en relación con la veracidad de lo afirmado y sin conocer sus nombres y localización precisa con anterioridad al dictado de la decisión”, indicaron fuentes de la Secretaría de DD.HH.
En ese marco, la CIDH detalla en la resolución que seis de ellas ya no se encontraban embarazadas al momento del informe, habiendo recibido atención médica, y la otra estaría recibiendo atención médica.
Vale recordar que primero la denuncia tuvo 70 casos, se redujeron a siete y se comprobó que todas las mujeres habían parido con historia clínica en Formosa, salvo una que está en Salta y con acceso a la salud”.
En ese sentido, el Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla sentenció que la CIDH que se apuró en otorgar la cautelar tal vez por la confianza que le tienen al ex secretario del área de María Eugenia Vidal.
“Lo que ellos no miden es que hay a una especulación política con el tema derechos humanos y nosotros tenemos un compromiso muy grande”, advirtió.
Al respecto, el titular de la cartera de Derechos Humanos aseguró que “tanto la Comisión como cualquier organismo internacional va a tener nuestra colaboración, pero esto surge de una terrible operación mediática del Grupo Clarín y de funcionarios del macrismo”.
“Todo esto era un circo, como muchas de las cosas que llegan a Formosa“, concluyó Pietragalla.
